El 3 de diciembre, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) publicó un estudio sobre el potencial de los Estados miembros de la UE para proteger las indicaciones geográficas artesanales e industriales. Realizado por el despacho de abogados DE TULLIO & PARTNERS, en colaboración con oriGIn, KPMG Tax & Legal y la Universidad de Alicante, el estudio evalúa la disposición y el interés de los Estados miembros por el nuevo sistema. El estudio completo puede descargarse aquí (en inglés): EU Member States’ potential for protecting craft and industrial Geographical Indications – EUIPO
El objetivo del estudio es ofrecer una visión actualizada del vigente marco jurídico de protección de las denominaciones de productos artesanales e industriales y evaluar si existe interés en proteger las indicaciones geográficas y en qué medida.
Las IGs ofrecen protección a los nombres de productos cuyas cualidades, reputación o características únicas están estrechamente vinculadas a su origen geográfico. Mientras que la Unión Europea (UE) cuenta desde hace tiempo con un sistema sui generis de protección de las IGs para vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas, hasta 2023 no existía un sistema armonizado de protección para productos artesanales e industriales (como joyas, textiles, vidrio, porcelana, etc.). Esta diferencia se colmó con la adopción, el 18 de octubre de 2023, del Reglamento (UE) 2023/2411 (el «Reglamento IG AI»), que entró en vigor el 16 de noviembre de 2023 y será plenamente aplicable a partir del 1 de diciembre de 2025. El Reglamento introduce una amplia protección para los nombres de productos artesanales e industriales vinculados al origen, como los textiles, el vidrio y la porcelana.
Entre febrero y junio de 2024, como parte de este Estudio, se llevó a cabo una encuesta exhaustiva mediante cuestionarios semiestructurados distribuidos a las autoridades públicas y a representantes del sector privado de todos los Estados miembros de la UE. El objetivo de la encuesta era recopilar datos sobre diversos aspectos, como el grado de interés en la protección de las IGs para los productos artesanales e industriales, la voluntad de los productores de presentar solicitudes en el nuevo marco y los planes de las instituciones públicas para gestionar la fase de registro nacional.
El análisis de los resultados de la encuesta reveló varios puntos clave. Dentro del sector privado, la mayoría de los encuestados eran microempresas, lo que pone de relieve los métodos de producción tradicionales a pequeña escala característicos del sector artesanal e industrial. Aunque los productores de productos artesanales e industriales están muy interesados en solicitar la protección de una IG, muchos no están organizados en asociaciones y carecen de las normas de producción formalizadas (como pliegos de condiciones detallados) necesarias para respaldar las solicitudes de IG.
Por lo que concierne al sector público, las autoridades de algunos Estados miembros han indicado que sus países pueden tratar de evitar la obligación de designar una autoridad nacional para la fase nacional del procedimiento de registro de las IG artesanales e industriales (artículo 19 del Reglamento sobre IG AI). La Comisión Europea podrá conceder esta posibilidad a los Estados miembros que no dispongan de un sistema nacional sui generis de IG AI y que puedan demostrar que la protección de las IGs de productos artesanales e industriales reviste escaso interés a escala local. Si se concede esta posibilidad, los productores de estos Estados miembros podrán presentar una solicitud directamente ante la EUIPO (artículo 20).
Asimismo, el análisis del marco jurídico en los 27 Estados miembros revela un enfoque fragmentado de la protección de los nombres de productos artesanales e industriales vinculados a la zona geográfica.
El estudio también presenta una recopilación de las IGs existentes y de las solicitudes que se están examinando a nivel nacional y que dejarán de existir el 2 de diciembre de 2026 (132 nombres), así como una lista de los nombres de productos que probablemente quedarán protegidos en virtud del nuevo sistema en los 27 Estados miembros de la UE (380 nombres).
